Derecho a la participación pública, acceso a la justicia y acceso a la información en temas ambientales
Hoy América Latina y el Caribe están llevando a cabo una Negociación para llegar a un Acuerdo a través del cual se garanticen los derechos de acceso de manera efectiva. Este Acuerdo fijará las pautas y los mecanismos para la gobernanza ambiental y climática del siglo XXI en la región.
La Comisión por el P10 de Uruguay por la presente manifiesta su preocupación y frustración por la marcha de las negociaciones, en las cuales se percibe riesgo de regresividad respecto de los estándares ya alcanzados.
Notamos regresividad en el tema de excepciones que se ha introducido en el texto, que permite a los Estados más posibilidades de negar información. Asimismo vemos que el texto no fija ninguna información ambiental que siempre deba ser divulgada, como es el caso de las emisiones de contaminantes.
Con respecto a la participación social, el texto debe garantizar el derecho a participar, pero notamos que algunos países proponen verbos como facilitar, promover y alentar, olvidando que estamos frente a un enfoque de derechos, y los Estados tienen la obligación de garantizarlos.
La participación social debe ser temprana para efectivamente poder incidir en la toma de decisiones ambientales, en este sentido notamos con preocupación que ante la instalación de una nueva planta de celulosa en Uruguay la sociedad civil carece totalmente de instancias de participación efectivas y notamos la ausencia de los aportes realizados por la sociedad civil en discusiones previas sobre la iniciativa de regulación del riego.
Sobre el derecho a la justicia, es fundamental la legitimación activa, que le permite a cualquier persona u organización acceder a la justicia para proteger el medio ambiente. En este sentido el gobierno de Uruguay no debería presumir la existencia del instituto de los “intereses difusos” del art. 42 del CGP (Código General del Proceso) uruguayo, ya que desde su creación en 1989 nunca ha logrado incidencia en términos de acceso a la justicia en materia ambiental.
Así mismo considerando las 200 muertes anuales de defensores y defensoras ambientales, pensamos que el texto debe recoger plenas garantías para los defensores ambientales.
Uruguay fue precursor en este proceso hacia un Acuerdo regional vinculante, sin embargo en las consecutivas instancias de negociación su participación ha disminuido y los cambios en su representación han sido constantes, perdiendo así la continuidad en el seguimiento las negociaciones.
El gobierno uruguayo debería según sus funciones, informar a la sociedad civil sobre el estado de estas negociaciones, lo cual no ha sucedido.
Nos preocupa que en la VII reunión en Buenos Aires no hayan participado representantes del MVOTMA ni de la DINAMA considerando que era una instancia donde se trataron los artículos claves para el Acuerdo: el Art. 7 sobre Acceso a la Información y el Art. 8 sobre Participación pública.
Considerando lo expresado anteriormente alentamos al gobierno uruguayo a reconsiderar su participación en el proceso y recuperar el papel activo en las negociaciones, asumiendo un compromiso real con la democracia ambiental regional.
COMITÉ P10 URUGUAY
RED URUGUAYA ONGs AMBIENTALISTAS